La justicia española falló a favor de Shakira tras ocho años de disputa con Hacienda (la agencia tributaria de España), al determinar que no era residente de ese país en 2011 y ordenó la devolución del dinero pagado con intereses a la artista colombiana tras quedar anulada la obligación de pago impuesta anteriormente.
La resolución supone un giro importante en un conflicto que se ha prolongado por ocho años. En concreto, la decisión judicial deja sin efecto el expediente que obligó a Shakira a pagar cerca de 55 millones de euros. Con esta medida, la devolución podría superar los 60 millones de euros, una cifra que incluye los intereses acumulados.
No obstante, el litigio está lejos de cerrarse. Desde la Agencia Tributaria han manifestado su desacuerdo con el fallo emitido por la Audiencia Nacional. Un portavoz oficial indicó que el organismo solicitará a la Abogacía del Estado que presente un recurso ante el Tribunal Supremo, con el objetivo de impugnar la sentencia en casación.
En medio de esta nueva decisión judicial, la artista también fijó posición a través de un comunicado difundido en medios españoles, en el que aseguró: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”.
Es importante señalar que este fallo se limita exclusivamente al ejercicio de 2011 y no afecta otras resoluciones vinculadas a la situación fiscal de la cantante. En años posteriores, Shakira sí enfrentó otros procesos relacionados con el pago de impuestos, algunos de los cuales fueron aceptados y saldados.
El origen de la disputa se centró en la interpretación de su residencia fiscal durante ese año. La Agencia Tributaria sostenía que la artista debía tributar en España debido a su actividad profesional, incluyendo una gira internacional, y al inicio de su relación con el futbolista Gerard Piqué.
Sin embargo, la Audiencia Nacional determinó que no puede considerarse residente fiscal en España durante 2011, ya que no cumplió el requisito de permanencia de más de 183 días en el país, criterio clave en la legislación tributaria.